miércoles, 10 de diciembre de 2014

Colombia: El proceso no se puede estancar

El oficial de más alto rango en poder de la guerrilla fue entregado al CICR. Se abre un nuevo momento favorable para el proceso.


Hernán Camacho
El integrante del Secretariado de las FARC-EP y miembro de la delegación de paz en La Habana, el comandante Pastor Alape, viajó a las selvas del Chocó para hacer entrega a la misión humanitaria compuesta por la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR) y los países garantes, Cuba y Noruega, del general Rubén Alzate, jefe de la Fuerza de Tarea Titán, y sus acompañantes luego de 15 días de retención en poder de esa guerrilla.
Con esto las FARC-EP ratifican lo dicho desde el momento en que fue conocida la retención: facilitar la pronta resolución de lo que llamaron un impase, en la idea de avanzar sin sobresaltos hacia el acuerdo final. Aun cuando el Ministerio de Defensa manifestó que “desde un principio la misión y la prioridad de las Fuerzas Armadas de Colombia era que estas personas –el general Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego- regresaran a sus hogares sanas y salvas”, en el terreno las operaciones militares pretendían un rescate a sangre y fuego.
Los incesantes hostigamientos dificultaron su pronta entrega. Desembarcos de tropa, bombardeos en la zona, restricción de la movilidad y los alimentos para los habitantes de las laderas del río Atrato y la multiplicación del pie de fuerza en el departamento apuntaban a un desenlace trágico que golpeara contundentemente el proceso de paz.

La misión humanitaria

El militar de mayor rango de las Fuerzas Militares en poder de las FARC-EP quedó en libertad el pasado domingo en inmediaciones del caserío de Vegaez, a orillas del río Arquía. Al tiempo que la operación humanitaria especial lo entregaba al Ejército de Colombia, en la Cuarta Brigada de la ciudad de Medellín lo aguardaba la cúpula militar y el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El operativo humanitario especial en Chocó no tuvo dificultades de última hora, como sí sucedió con la entrega de los soldados profesionales Paulo César Rivera y Jonatán Andrés Díaz, en Arauca, cuando patrullas militares torpedearon con su presencia la entrega de los uniformados. Esa liberación fue conducida por otro de los miembros de la delegación de paz de la insurgencia, el comandante Carlos Antonio Losada, como garantía para el cumplimiento de los protocolos concertados por las partes. Sin duda un gesto de seriedad de las FARC.
Para las FARC-EP, el general capturado es una de las cabezas visibles de los planes antisubversión que se desarrollan en distintas regiones del país. “El general no iba allá a hacer escuelas, mejorar las condiciones afro ni las condiciones indígenas. Él iba con su plan y tarea como comandante de esa fuerza a combatir y aniquilar a las fuerzas guerrilleras en la región. El establecimiento quiere ponerle otra cara pero ¡eso no lo cree nadie! Eso es parte de esas estrategias que fracasan. Porque no tienen fundamento en la realidad”, dijo Pastor Alape momentos antes de su desplazamiento a las selvas por orden del comandante de esa guerrilla Timoleón Jiménez.
Desde la Presidencia de la República se reconoció el éxito de la operación humanitaria especial como un gesto de voluntad de paz de la insurgencia, calificando de maduras las decisiones que llevaron a superar el impase: “Aunque el paso dado por las FARC corresponde al deber de obrar conforme a la ley, es evidente que esa decisión contribuye a recuperar el clima propicio para continuar los diálogos, demuestra la madurez del proceso y nos permite unir nuestra voz a la de millones de colombianos que expresan su solidaridad con los liberados”.
Ya en Bogotá y después de los protocolos médicos y las reuniones con el alto mando militar, el general Alzate entregó la única declaración oficial por su retención. Una versión poco creíble, mal libreteada y que dejó más preguntas de las que se tenía; además de la dimisión de su cargo que fue una decisión advertida por lo que significó su captura.
Otra polémica despertada con el general fue la foto de éste y Pastor Alape, que contrario a entenderse como un símbolo para catalizar el proceso de paz y la reconciliación entre los colombianos, la gran prensa y el mando militar la utilizaron para desacreditar las conversaciones. Una actitud mezquina de su parte.

Los efectos

Superados los hechos, sectores políticos del país dijeron que la liberación es una magnífica noticia para el país y reiteraron que el diálogo debe surtirse con las reglas del juego pactadas por las partes. Así como también exigieron un cese bilateral de fuego que permita tramitar sin contratiempos lo acordado en la agenda para la terminación del conflicto.
La crisis propiciada por la decisión de Juan Manuel Santos de suspender los diálogos hasta la entrega del general Alzate es un mal presagio para el futuro del proceso, pues el estruendo de la guerra no tiene por qué afectar las conversaciones, justo en el momento en que se aprestan las delegaciones a debatir temas trascendentales para la paz y la posguerra.
Sin embargo, el presidente Santos sigue empeñado en no variar la táctica militar y reitera que dialogar bajo el fuego es la mejor manera de sacar adelante la negociación: “tengo la convicción de que negociar en medio del conflicto ha sido la mejor manera de preservar los elementos esenciales del Estado y evitar que las conversaciones se conviertan en un ejercicio interminable”.

Es hora del armisticio

Otra cosa piensan las FARC-EP, quienes reiteraron la necesidad de pactar un armisticio que garantice al país una plena confianza en las conversaciones y convoque el apoyo popular al proceso de paz. En palabras del jefe de la delegación de paz de esa guerrilla, Iván Márquez, es la hora de desescalar el conflicto con un alto en las hostilidades desde ambas partes:
“Invitamos al presidente Santos a que, con el corazón en la mano y la mente plena de sentido común, piense que no podemos darle más largas al absurdo de unos diálogos de paz en medio de la guerra. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisticio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justificar la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese destino. Zafémonos de la incoherencia de hablar de reconciliación y de reconocimiento de las víctimas sin apagar el fuego de los fusiles y sin detener las políticas económicas neoliberales generadoras de miseria, que atizan la guerra y la victimización de un pueblo al que le ha llegado la hora de la justicia”.

Los deberes gubernamentales

Otra de las aristas que se desprenden del desescalamiento del conflicto y el cese bilateral por definirse es el inmediato abordaje de la liberación de los alzados en armas privados de la libertad en las cárceles colombianas y soslayar de alguna manera la crisis humanitaria que se vive al interior de ellas recientemente denunciada por el Movimiento Nacional Carcelario. Ese sería un gesto de paz abonado al gobierno nacional.
Lo cierto es que después del incidente hay que trazar nuevas reglas de juego que el gobierno nacional esté dispuesto a aceptar y no violentar, como también, tendrá el ejecutivo que asumir una actitud vehemente para cerrarle el paso a los enemigos de la proceso, que desde la extrema derecha están dispuestos a cualquier insensatez para propiciar un rompimiento de las conversaciones. Y por otro lado, zanjar inmediatamente la división al interior de las Fuerzas Militares atizada por los militares en retiro y el Centro Democrático, quienes culpan al gobierno de estar tramitando una entrega del Estado a la insurgencia y de concertar con las FARC-EP la captura del general a la que califican de “sainete”.
Sin duda, la captura de Alzate con todas sus charreteras y su pronta entrega por parte de las FARC-EP es un golpe a los opositores de la paz y debe ser un salto cualitativo para el proceso.

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