Entre las muchas huelgas que sufrimos en los últimos años, sospecho que esta última de los docentes es una de las que ha dejado más aspectos para considerar además de ser una de sus mayores en participación. De sus múltiples dimensiones: huelga de funcionarios públicos, de un sector ilustrado y especializado de la población, que afectó a niños y adolescentes, que suspendió parcialmente la alimentación pública a sectores sensibles, liderada por grupos radicales pero no por ello poco acatada, etc., sólo nos detendremos en dos.
El primero atiende a la calidad laboral de los huelguistas, el segundo al marco normativo en que la medida se desató. Obviamente que estos comentarios descansan en un supuesto compartido: la huelga constituye un derecho constitucional y una forma legítima de protesta colectiva que en la democracia capitalista, organizada bajo la forma de Estado social, protege (y en cierto modo promueve), a un estrato particularmente débil de la sociedad. En lo que bien puede considerarse como un recurso compensatorio, garantizado por el propio Estado, otorgado a los asalariados en general. Por más que en este conflicto específico no deba desestimarse que el gobierno en ejercicio, sensible a los sueldos docentes, no constituye una patronal enceguecida por la plusvalía sino una coalición de partidos, varios de ellos autodefinidos como proletarios, que declara aproximarse al socialismo y considera al capitalismo como un mal transitorio.
En cuanto al primer aspecto: los méritos laborales de los docentes, es notorio que los mismos no aparecen reflejados en las múltiples evaluaciones efectuadas sobre la calidad de nuestra educación. Es cierto que esta no es fácilmente medible ni resulta consecuencia exclusiva de la capacidad o el empeño de los educadores. Pero aun admitiendo que las valoraciones son imprecisas y que las variables contextuales e institucionales que componen la educación son múltiples e influyen diversamente en los aprendizajes, nadie racional excluiría el nivel técnico y de compromiso de los educadores como uno de ellos. Ni olvidaría que más allá de un umbral, en el capitalismo (y en el socialismo) las relaciones entre la productividad y la remuneración están fuertemente relacionadas. Exigir buenos salarios resulta adecuado, siempre que las prestaciones laborales guarden relación con los mismos. Salvo que las mayores remuneraciones influyeran directamente sobre la calidad y el esfuerzo de los docentes, lo cual, siendo cierto en general, no parece acreditarlo ni el contexto ni nuestra historia reciente. La lucha de clases crece, y los docentes uruguayos no estamos al margen. Hay que tomar el poder y hacer un estado clasista.
En relación al segundo factor en examen, este conflicto no se desarrolló libre de antecedentes ni sin obligaciones para las partes. Estaba y está vigente un convenio que durante un plazo de cinco años regula los incrementos de salarios. Pero la inflación y las coyunturas propias de un país dependiente como el nuestro hace que no alcances esos marcos regulatorios de la burocracia sindical uruguaya.
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